La nueva ley de residuos y suelos contaminados que prepara el Gobierno, y que estará prevista para los próximos meses, obligará a todos los ayuntamientos de España a elaborar un censo que recoja todas las instalaciones con amianto. Entre esos datos también deberá aparecer un calendario para la retirada de este material cancerígeno.
Edificios como escuelas, el metro, oficinas o naves industriales deberán estar localizados antes del 1 de enero de 2023 en un censo que tendrá carácter público y será remitido a las autoridades sanitarias y medioambientales competentes de las diferentes comunidades autónomas. Estas deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado, añade el proyecto de ley.
Una puesta en marcha que desde Viso Desamianta aplaudimos.
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