Los ayuntamientos españoles deberán disponer antes de 2023 de un censo de edificios e infraestructuras que contengan amianto así como un plan para su eliminación, según consta en el proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados que el Consejo de Ministros aprobará “en breve”, según ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Se trata de la primera vez que una norma obligará a los municipios a censar todas las instalaciones que contengan esta sustancia cancerígena.
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